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España prohíbe el uso del velo integral en lugares públicos 

Llevar burka o niqab en el transporte, colegios y edificios oficiales se multará con 405 euros.

El Gobierno español ha decidido prohibir el uso del velo integral en lugares públicos. La medida, que veta el burka —que tapa incluso los ojos con una rejilla— y el niqab —que oculta todo el cuerpo menos los ojos—, es de ámbito reducido y solo afectará a los medios de transporte, enseñanza, sanidad y edificios oficiales. Las mujeres que persistan en llevarlo allí podrán ser multadas con 405 euros. En la práctica, el Ejecutivo, de centro izquierda, calcula que se impondrán pocas sanciones porque apenas un centenar de mujeres llevan burka en el país; no ha dado datos de cuántas utilizan niqab.

“Es muy importante ver la cara de la gente en las escuelas. Si una madre recoge a su hijo en el patio, hay que asegurarse de que se trata de ella”, ha dicho el ministro de Interior. El Gobierno sostiene que la seguridad es esencial en el servicio público y que los ciudadanos deben sentirse también seguros. El velo integral se prohíbe “en situaciones específicas donde es esencial ver a las personas”, ha explicado en una conferencia de prensa el primer ministro.”La proposición de ley no tiene ningún carácter religioso”, ha añadido.

En la calle, la norma no regirá, aunque la policía sí podrá pedir a una mujer cubierta que desvele su rostro si considera necesario efectuar una identificación. Los jueces o funcionarios del Estado con uniforme, ya sean soldados o fuerzas del orden, tampoco pueden llevar la cabeza cubierta.

La oposición ha criticado la decisión por considerarla “una forma de política simbólica inservible cuando solo hay unas pocas mujeres con burka”, según los liberales de izquierda. El Gobierno ya intentó prohibir el velo integral en 2012. El acuerdo llegó a suprimirlo también de las calles, pero las críticas de entonces forzaron a dar marcha atrás.

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España no es el primer país de la UE en legislar sobre el velo integral. Francia prohibió su uso en lugares públicos en 2011. El año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo avaló esa normativa al considerar que “la cara juega un rol importante en la interacción social” y que llevarla tapada en los lugares públicos puede ser una “amenaza para la convivencia”.

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