“Los boicots socavan las buenas relaciones con la comunidad, intoxicando y polarizando el debate, lo que debilita la integración y alimenta el antisemitismo”, agregó la oficina del gabinete de gobierno.
El gobierno afirmó que el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio requiere firmantes para el tratamiento de los proveedores por igual, y por lo tanto cualquier discriminación a los proveedores israelíes sería una violación del acuerdo.
Aunque no es delito, los que están en sectores tales como el servicio de salud, autoridades locales y algunos sindicatos de estudiantes universitarios que imponen boicots podrían enfrentarse a sanciones que incluyen multas y rescisión de contratos.
Bajo las directrices de la Unión Europea emitida en noviembre, los productos fabricados en los asentamientos de la Margen Occidental no debe etiquetarse como productos “Hechos en Israel”, ya que considera que los asentamientos son ilegales en virtud del derecho internacional.
Los opositores de la iniciativa de etiquetado de la UE temen que impulsará el boicot liderado por palestinos y el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
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